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EEUU acusa de espías a dos exempleados de Twitter

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que presentó cargos contra dos exempleados de Twitter por presuntamente haber hecho uso de su puesto en la empresa para espiar a disidentes por encargo del Gobierno de Arabia Saudí.

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Según la acusación gubernamental, los dos antiguos trabajadores de la red social «minaron los sistemas internos de Twitter» para hallar información personal sobre destacados disidentes del régimen saudí, así como «de otros miles de usuarios» de la plataforma.

Los dos acusados son Ali Alzabarah, de 35 años y ciudadano saudí, y Ahmad Abouammo, de 41 años y ciudadano estadounidense, que fueron reclutados por otro ciudadano saudí, Ahmed Almutairi -contra el que el Gobierno también se querelló-, para usar sus credenciales como empleados para lograr acceso a información privada.

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A Almutairi se le acusa, junto a los dos exempleados, de actuar como agentes ilegales de un Gobierno extranjero -es decir, espionaje-, y a Abouammo, además, se le imputan un cargo de destrucción, alteración o falsificación de documentos en una investigación federal.

Abouammo espió presuntamente las cuentas de tres usuarios a petición del Gobierno saudí, mientras que Alzabarah -de quien se sospecha que actualmente se encuentra en Arabia Saudí- llegó a acceder a información de más de 6.000 usuarios en el año 2015.

«No permitiremos que compañías estadounidenses o tecnología estadounidense se conviertan en herramientas de represión en el extranjero en violación de las leyes de Estados Unidos», aseguró al presentar los cargos el fiscal del Gobierno David Anderson.

La querella criminal fue presentada en la Corte Federal del Distrito Norte de California en San Francisco, donde Twitter tiene su sede.

Por su parte, la empresa que dirige Jack Dorsey emitió un comunicado en el que dijo reconocer que «los malos actores llegarán hasta extremos para menoscabar nuestro servicio» y aseguró que Twitter «limita el acceso a información sensible a un pequeño grupo de empleados que han sido entrenados y cuyos antecedentes han sido comprobados».

Con información de EFE

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Activistas en Colombia esperan canalizar ola de descontento

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Opositores a el presidente de Colombia, Iván Duque esperan canalizar la ola de descontento que recorre Latinoamérica cuando salgan a la calle el jueves con una larga lasta de reclamos que incluye desde la persistente desigualdad económica a la violencia contra activistas sociales.

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AP indicó que sindicatos, estudiantes y ciudadanos de a pie participen en la que esperan que sea una de las mayores movilizaciones de los últimos años en el país, mientra que el gobierno de Duque está alerta y desplegó 170.000 agentes para reforzar la seguridad al tiempo que cerró los pasos fronterizos y deportó a 24 venezolanos acusados de ingresar al país para fomentar la agitación.

Al respecto, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, rechazó “se está preparando como si esto fuera una guerra. Es muy vago lo que han mostrado de una posible alteración de orden público”.

Mientras que Daniel Sánchez, un estudiante de arquitectura que tiene previsto manifestarse el jueves, expresó «el país está en una profunda crisis. El gobierno no escucha a la gente”.

Cynthia Arnson, directora del programa de Latinoamérica en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, señaló que la respuesta de las autoridades a las protestas tendrá mucha importancia.

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“No es inapropiado dar una respuesta de seguridad a las amenazas de seguridad”, dijo. “El desafío real será asegurarse de que esté dirigida correctamente y que se mantiene dentro de los límites apropiados”.

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Alemania supervisará al gobierno interino boliviano

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Alemania «medirá» al Gobierno dirigido por Jeanine Áñez en Bolivia en función de que cumpla su mandato de «organizar rápidamente elecciones y que sean aceptadas por ambas partes,» según afirmó este miércoles un portavoz del Ministerio de Exteriores.

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En una situación «marcada por una gran inestabilidad e inseguridad», el Ejecutivo alemán «da la bienvenida» a que la proclamación de Añez como presidenta interina «ponga fin al vacío de poder,» declaró el portavoz, Rainer Breul, en una rueda de prensa en Berlín.

Breul destacó que Alemania condena «la escalada de violencia» y emplaza a ambas partes a la «moderación» y, en particular a respetar la libertad de prensa y no obstaculizar la labor de los periodistas.

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En este sentido, el portavoz celebró que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, haya enviado a una comisión técnica a Bolivia con el fin de investigar las acciones violentas ocurridas en las últimas semanas.

Subrayó además que en particular las fuerzas de seguridad «deben cumplir con los estándares internacionales».

Breul rehusó hacer comentarios sobre la composición del gobierno de transición, haciendo hincapié en que «lo determinante» es su mandato, consistente en convocar elecciones «velozmente y de forma que ambas partes puedan participar».

El portavoz del Gobierno Steffen Seibert por su parte legitimó la proclamación de Jeanine Añez, justificando que cuenta con el visto bueno del Tribunal Supremo y está contemplada por la constitución.

Con información de EFE

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Oposición chilena presenta acusación constitucional contra Piñera

La acusación responde a «las graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas

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Un grupo de diputados chilenos de oposición presentaron este martes una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el marco del estallido social.

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El documento lleva la firma de parlamentarios del Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), todas formaciones de izquierda.

Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista, afirmó que la acusación constitucional contra Piñera responde a «las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas ejecutadas por agentes del Estado» desde que el 18 de octubre se agudizaron las protestas en el país.

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La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.

Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados -la mitad más uno de los votos- y un respaldo de dos tercios en el Senado.

Hertz añadió que los abusos de la Policía y las Fuerzas Armadas en las protestas han «infringido claramente la Constitución y las leyes» e hizo un llamado a terminar con la «impunidad política, moral y social» que, en su opinión, ha espoleado las manifestaciones, algunas muy violentas con saqueos e incendios.

Con información de EFE

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