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«Maduro ha apoyado al más alto nivel al FAES, en vez de disolverlo»

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La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, rechazó que Maduro no ha cumplido con disolver a las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.

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Este lunes, Bachelet presentó su informe oral en el Consejo de las Naciones Unidas, donde destacó que su oficina no ha recibido las medidas que tomará el gobierno de Maduro para disolver el cuerpo de seguridad.

«Desde la presentación de mi informe el pasado 5 de julio a este consejo, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y tiene claros impactos desestabilizadores en la región. No hemos recibido información sobre medidas sobre la disolución de la FAES, por el contrario la FAES ha recibido apoyo al más alto nivel del gobierno»

Durante su visita, Bachelet se reunió con Nicolás Maduro.

Bachelet indicó que su organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país” y agregó «que según, la ONG Monitor de Víctimas, hay 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.

“Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas, que son en su mayoría mujeres”.

«Sigue empeorando la crisis económica y social en el país»

Bachelet resaltó que se ha agravado en los últimos meses y dijo «sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de derechos económicos y sociales de millones de personas, atraviesa el episodio hiperinflacionario más agudo de la región».

«Al día de hoy el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con los 7 dólares en junio. Una persona necesita el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para cubrir la canasta básica alimentaria», aseveró.

Según cifras de la AN, la inflación en Venezuela dio otro salto al pasar del 33,8 % en el mes de julio al 65,2 % en agosto.

Sin embargo, precisó que las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos agravan esta situación «La dolarización de facto de varios sectores exacerba las desigualdades, los servicios públicos siguen presentando fallas graves y recurrentes en especial en el estado Zulia. El desabastecimiento de gasolina, fuera de Caracas ha agravado la situación.

«El 8 de agosto pasado, presenté mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de EEUU, Pese a las excepciones contempladas en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto del sector financiero, reducción de ingresos públicos y caída de la producción petrolera agrava la situación humanitaria y el éxodo».

Además, señaló que los venezolanos tienen serios problemas para acceder a los alimentos. «Caritas registró un 35% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años atendidos en julio de este año, en las zonas más pobres en 18 estados».

Sobre presos políticos y violación de DDHH

Bachelet indicó que el gobierno de Nicolás Maduro, se comprometió con permitir el acceso a 10 procedimientos especiales de su oficina para los próximos 2 años, además de establecer mecanismos para atender casos individuales.

Asimismo, declaró que este 6 de septiembre un miembro de su equipo visitó Ramo Verde, sin dar detalles, agregó, «se avanza en un calendario de visitas y un protocolo».

Además, indicó que «el gobierno ha cumplido con la excarcelación de las 73 personas incluidas en las recomendaciones, las que nuestro equipo de trabajo considero que habían sido detenidos de forma arbitraria y que seguían en régimen de detención. Queda pendiente la liberación plena de  la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes tienen medidas parciales».

Rechazó «la condena del líder sindical Rúben González, «por echos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical, su familia también ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles, constituye una violación del derecho justo».

Además, mencionó sentir preocupación por las recientes acciones para probar una ley, que tipifica como delito las actividades de las ONGs que reciben fondo del extranjero.

«Si esa ley si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamentó también los recientes ataques del gobierno a la autonomía universitaria», sentenció.

«Las represalias por colaborar con la ONU son inaceptables»

Según la alta comisionada, algunas ONG que colaboraron con su organismo para preparar el último informe sobre Venezuela han sido denunciadas públicamente y sus representantes amenazados por altos funcionarios. «Las represalias por colaborar con la ONU son inaceptables. Insto a las autoridades a que tomen medidas preventivas», señaló.

Además, hizo hincapié en la situación de 400.000 personas que sufren de enfermedades crónicas y que tienen acceso limitado a medicinas y tratamiento, mientras que 39 enfermos -incluyendo niños y niñas- esperan viajar al extranjero para recibir trasplantes, dentro de programas públicos.

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