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Odebrecht pide a la Corte de México revisar amparos pedidos contra sanciones

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Odebrecht ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de México que analice sus impugnaciones a las sanciones que le impuso el Gobierno mexicano, alegando una «denegación sistemática» de justicia, dijo este jueves el director jurídico de la compañía para América Central y México, João Horst.

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«La estrategia es una solicitud a la Suprema Corte para que haga una atracción del caso dada la repercusión general que se puede dar por un tema procesal», dijo Horst aludiendo al desechamiento de amparos interpuestos por la constructora contra las sanciones que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El abogado indicó que la solicitud de «reasunción de competencia» a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentada el 21 de junio pasado, se basa en que el desechamiento de los recursos por parte de tribunales inferiores viola principios constitucionales y jurisprudencia del propio tribunal supremo.

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La solicitud también requiere que la SCJN se pronuncie sobre el fondo de las impugnaciones, según las cuales los procedimientos administrativos sancionadores de la SFP «carecen de fundamento», dijo Horst.

Por ello, consideró que la SCJN resolverá en breve si atrae el caso y determinará «si dicho desechamiento es legal o constituye parte de una elaborada estrategia diseñada desde la anterior administración para inhibir y evitar el debido esclarecimiento de los ilícitos confesados por Odebrecht».

En los acuerdos de cooperación celebrados con el Ministerio Público Federal de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos firmados en diciembre de 2016, Odebrecht reconoce pagos indebidos a servidores públicos en México y otros países.

Emilio Lozoya, ex director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex)

Las autoridades mexicanas investigan a Emilio Lozoya, quien fue director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016, por haber presuntamente recibido un soborno multimillonario de Odebrecht a cambio de concederle un contrato para modernizar una refinería.

Por otro lado, Horst señaló que de los ocho amparos promovidos por Odebrecht, uno derivó en un fallo emitido en noviembre de 2018 que anuló una inhabilitación por cuatro años para recibir contratos públicos, y ordenó reponer el proceso.

Indicó que el fallo obedeció a que la sanción anulada se basaba en un informe contable que no le fue facilitado a la empresa para su defensa. «El juez vio evidencia de una violación muy grave y muy obvia a un derecho tan básico y anuló ese procedimiento», precisó.

Con información de EFE

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