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156 muertos y un millón de evacuados por lluvias en la India

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Al menos 156 personas murieron, 74 se encuentran desaparecidas y más de un millón se han visto afectadas por las inundaciones que azotan el sur de la India, informaron hoy las autoridades.

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Tras más de una semana de fuertes lluvias, el estado meridional de Kerala ha sido el más afectado de todos con al menos 76 fallecidos y casi 300.000 personas evacuadas a refugios temporales, informó en un comunicado el jefe de gobierno regional, Pinarayi Vijayan.

De acuerdo con Vijayan, 58 personas se encuentran desaparecidas a causa de las inundaciones, y los daños causados por los torrenciales aguaceros que golpean desde el jueves el estado conocido por ser uno de los destinos turísticos favoritos del país.

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El estado sureño de Karnataka registró 48 muertos, 16 desaparecidos y alrededor de 390.000 personas fueron evacuadas, según las últimas cifras oficiales del Gobierno de la zona.

Con al menos 13 muertos, la región de Belagavi fue la más afectada de ese estado, confirmó un miembro de la Policía local.

Por su parte, en el estado de Maharashtra (sur) murieron 32 personas y los servicios de rescate evacuaron a 150.000 afectados por las incesantes inundaciones, informó un oficial de la sede administrativa del Gobierno de la región.

El agente precisó que en las operaciones de rescate se emplearon «41 equipos de la Armada, 8 equipos del Ejército y 16 equipos de la Guardia costera junto con 32 equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF)» para rescatar a los afectados.

Según las autoridades de Maharashtra, «las condiciones -meteorológicas- están mejorando, la gente está empezando a volver a sus casas y las escuelas podrían volver a abrirse la próxima semana».

El Departamento Meteorológico de India indicó que las lluvias del periodo de Monzón persistirán en los estados del sur, al menos, hasta finales de esta semana.

Con información de EFE

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Caída de exministro de seguridad mexicano cuestiona la guerra contra el narco

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El arresto en Estados Unidos del exsecretario mexicano de Seguridad Genaro García Luna (2006-2012), acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa a cambio de protección, dejó en entredicho la estrategia militar contra el narcotráfico emprendida desde 2006 por el Gobierno de México.

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«Sin duda es uno de los funcionarios de seguridad más importantes de las últimas décadas en México», dijo este miércoles el experto en seguridad pública Javier Oliva sobre García Luna, quien pasó por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Secretaría de Seguridad Pública.

El que fuera mano derecha del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y artífice de la llamada guerra contra el narcotráfico -cuando los militares salieron a las calles- fue arrestado ayer en Dallas (Texas) a raíz de las confesiones que se hicieron durante el juicio de Joaquín «El Chapo» Guzmán, ex líder del Cartel de Sinaloa y condenado a cadena perpetua.

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Durante las audiencias en Nueva York, uno de los testigos, Jesús «El Rey» Zambada, exjefe de operaciones del Cartel de Sinaloa, aseguró que había sobornado a García Luna, con quien dijo se había reunido en un restaurante en dos ocasiones, y que en cada una de ellas le había entregado dinero.

La primera ocasión, según Zambada, fue en 2005 cuando García Luna era el jefe de la AFI, bajo el mandato de Vicente Fox (2000-2006), y el segundo al año siguiente, tras haber aceptado el puesto de Seguridad Pública con Calderón en la Presidencia.

Oliva opinó que estas acusaciones hay que tomarlas con «reservas», dado que corresponden a «testigos protegidos» que recibieron beneficios penitenciarios por colaborar con la justicia en la acusación contra «El Chapo».

Pero de confirmarse la veracidad de los sobornos, dijo que sería algo «crítico» porque «imagínate a manos de quién estaba la seguridad pública del país».

Algo que también dejaría «en una credibilidad crítica a las agencias de seguridad de Estados Unidos», ya que no solo no detectaron la presunta vinculación del secretario con el narcotráfico, sino que el FBI y la DEA llegaron a premiarlo por su colaboración.

Con información de EFE

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Fiscalía allanó casa de Evo Morales en Bolivia

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La Fiscalía de Bolivia allanó este martes la “Casa Evo Morales“, en el marco de la investigación por sedición y terrorismo que se le sigue al exmandatario por la violencia desatada tras su salida del poder.

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El fiscal Rudy Terrazas dijo a la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI) que se encontraron varios documentos, una computadora portátil y una de escritorio, los cuales, añadió, serían “cotejados adecuadamente para buscar elementos en relación con el proceso” que enfrenta Morales.

En su cuenta oficial de Twitter, el expresidente reaccionó diciendo: “Después del golpe de Estado obligaron a sacar regalos de la Residencia, por lo que fueron trasladados por colaboradores al departamento donde vivía en La Paz en anticrético, a la espera de su traslado al Museo de Orinoca. Hoy lo allanaron como una muestra del abuso con que actúan”.

El medio Página Siete estuvo presente durante el allanamiento e indicó que en la residencia Nº 80 de la calle 31 en  la zona de Achumani, conocida por los vecinos como “la casa de Evo”, fue precintada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y en el interior había «gran cantidad de   regalos que el expresidente recibió de  organizaciones sociales, instituciones, personalidades y mandatarios  de otros países».

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La mayoría de los cuadros y esculturas retratan al líder masista. En  decenas de álbumes fotográficos también se   observa al entonces mandatario en actos oficiales, partidos de fútbol y otras actividades.

Con información de Página Siete,

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Demócratas imputan a Trump cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso

Los demócratas mantienen una mayoría en la Cámara Baja de 235 legisladores frente a 198 de los republicanos

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Los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes desvelaron este martes los dos cargos formales de imputación del juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso.

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En el primero de ellos, se acusa a Trump de anteponer sus preocupaciones políticas al interés nacional; y el segundo por obstruir los intentos del Congreso de investigación, dijo Jerry Nadler, el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja.

«Nuestro presidente ostenta la mayor confianza pública. Cuando traiciona esa confianza y se pone por delante del país, pone en peligro la Constitución, pone en peligro nuestro democracia y nuestra seguridad nacional», remarcó.

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Nadler estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el resto de presidentes demócratas de comités de la Cámara Baja.

«Los hechos son incontestables, es una cuestión de deber», aseguró Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia, en el que se llevaron a cabo varias de las audiencias de la investigación.

Se espera que el Comité Judicial vote este semana los cargos anunciados hoy y de este modo se trasladarán al pleno de la Cámara Baja.

El voto en la Cámara Baja, que hará oficial la imputación de cargos contra Trump, es decir su juicio político («impeachment»), no tiene todavía fecha, aunque se espera que sea antes de que finalice el año 2019.

Los demócratas mantienen una mayoría en la Cámara Baja de 235 legisladores frente a 198 de los republicanos, lo que supone que su aprobación es casi segura.

A continuación, el proceso pasaría al Senado, donde tendría lugar el juicio político. Allí lo más probable es que fracase, ya que los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 y, además, la destitución requiere una mayoría de dos tercios.

Con información de EFE

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