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Venezuela

¿El CLAP se va o se queda tras las sanciones emitidas por Donald Trump?

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Esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que bloquea propiedades del gobierno de Venezuela, así como de personas o empresas vinculadas con Nicolás Maduro, pero ¿significa esto el fin de los CLAP?

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Recordamos que en diciembre del año 2016, los venezolanos empezaron a adquirir los alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, el cual fue creado por Nicolás Maduro «para atender de manera subsidiada a la familia venezolana».

Según cifras del gobierno, actualmente son 6 millones de familias que reciben al menos una vez al mes los siguientes alimentos: arroz, pasta, harina de maíz, aceite, granos, azúcar, atún, leche, salsa de tomate, mayonesa (los productos varían).

Arreaza: No podremos

Sin embargo, tras el anuncio realizado por el gobierno de Estados Unidos, el canciller de la república, Jorge Arreaza indicó que debido al bloqueo económico impuesto, no se podrá seguir importando la misma cantidad de productos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

“Efectivamente no vamos a poder seguir importando la cantidad de productos que importábamos para los CLAP. El responsable es Donald Trump”, puntualizó Arreaza en una rueda de prensa con periodistas nacionales e internacionales.

Arreaza también expresó, que si se necesita un medicamento en una farmacia del mundo capitalista, hay que pagar con efectivo, tarjeta de crédito o débito, sin embargo, Venezuela no tiene acceso ni al efectivo, ni a las maneras de pago electrónico y tampoco se puede usar los mecanismos financieros del sistema. “Esto es parte del bloqueo”.

Maduro: Sí podremos

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro aseveró que la distribución de los CLAP «continuará a pesar de las sanciones coercitivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, que pretenden generar una situación de hambruna en Venezuela».

Así lo indicó durante una entrevista al periodista estadounidense Max Blumenthal, fundador del medio The Grayzone, transmitida por VTV, en la que además, agregó que «la atención a través de los CLAP se traduce a casi el 80% de la población, principalmente a los hogares más humildes a donde llegan los diferentes productos de manera directa al menos una vez por mes, mediante el trabajo organizado de los 33 mil CLAP que se han conformado en todo el país».

“Llueva, truene o relampaguee los CLAP van a continuar y vamos a seguir atendiendo a las 6 millones de hogares con producción nacional y con un gran esfuerzo”.

«Nuevo sistema, SEAS Patria»

Por su parte, el alcalde del municipio San Carlos del estado Cojedes, Rafael Alemán anunció que los Claps dejarán de llegar a dicha entidad por culpa del embargo de Estados Unidos, por lo que será implementado un nuevo programa de distribución de alimentos, que lleva por nombre SEAS Patria.

Durante su intervención en un programa radial de la entidad, Alemán aseveró que la distribución de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción terminó por las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro, reseñó El Pitazo.

¿Qué afectan realmente estas sanciones?

  • Todos los bienes e intereses propiedad del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, o que eventualmente estén sujetos a la jurisdicción estadounidense, o se encuentren en poder o bajo el control de cualquier persona o empresa estadounidense.
  • Todos los bienes e intereses propiedad de cualquier persona o empresa (estadounidense o extranjera) que:
  • Sea designada por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos (en consulta con el Secretario de Estado);
  • Haya asistido, patrocinado o proporcionado asistencia financiera, material o tecnológica al gobierno de Venezuela;
  • Haya sido incluida en la lista de nacionales especialmente designados y personas sancionados en la lista mantenida por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés);
  • Sean propiedad o estén controlados, que hayan actuado o intentado actuar, directa o indirectamente, en representación de cualquier persona cuyos bienes e intereses hayan quedado bloqueados por la Orden Ejecutiva.

¿Qué dicen los especialistas?

El analista en temas de Venezuela de la Oficina en Washington sobre América Latina, Geoff Ramsey, explicó que «no se puede considerar un embargo total porque no prohíbe el comercio entre actores privados».

Ramsey no cree que el texto de la orden ejecutiva tenga mucha claridad al respecto a las sanciones secundarias a personas y compañías extranjeras que apoyen al gobierno de Maduro.

«Yo creo que sería un suicidio internacional (para EE.UU.) sancionar a terceros actores porque podría fácilmente dinamitar la importante coalición internacional que reconoce que Maduro no tiene legitimidad», indicó en una entrevista a BBC Mundo.

«Bloquea el embargo de Citgo»

Por su parte, el economista José Toro Hardy dijo a la Voz de América, que la nueva medida «bloquea» la posibilidad de que las acciones de Citgo puedan ser embargadas a raíz de los juicios en marcha.

«Impide que quienes actualmente están al frente del régimen venezolano puedan de alguna manera hacer negociaciones que lo que han venido demostrando es que lejos de favorecer a la gente en Venezuela, han llevado al enriquecimiento por vías irregulares de personas cercanas al régimen”.

El experto dijo que el mayor impacto de las sanciones estadounidenses sobre los ciudadanos ocurrió meses atrás, cuando fue prohibida la compra de petróleo por parte de EE.UU., así como las posibilidades de que el gobierno en disputa pueda adquirir productos como nafta.

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Con información de VOA, Pro Da Vinci y BBC.

Venezuela

«300 mil kg de oro al mes son manejados por quienes controlan el estado Bolívar»

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El diputado a la Asamblea Nacional Rachid Yasbek indicó este viernes que la producción actual de oro en las minas del estado Bolívar asciende a 300 mil kilos al mes, pero que esto no incide en el presupuesto nacional, «porque es controlado por los sindicatos y grandes potentados que manejan el sur del país».

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En entrevista concedida a Eknuus, Yasbek, coordinador de Primero Justicia en el estado Bolívar, rechazó que en 20 años de gobierno «el chavismo le ha dado supuestas reivindicaciones a las costumbres, leyes ancestrales y al régimen político de los indígenas y lo que se ve es una debacle total para controlar el territorio».

Explicó que debido a la cantidad de oro que existe en las minas del sur del país, esto ha atraído a grupos que han generado la extracción descontrolada y la minería ilegal, destruyendo así la actividad económica y poco a poco la geografía.

Precisó que antes Minerven era la que controlaba toda la producción aurífera y se producían entre 400 y 500 kilos de oro al mes que iban a las arcas del Estado y a nuestras reservas internacionales de oro y condenó «después de haber destruido Guayana, la verdadera minería de hierro, bauxita y de destruir casi 50 mil empleos buenos, las empresas ya no producen».

«Se habla ahora de 200 mil y 300 mil kg de oro mensuales, eso es mucho oro, pero no son suficientes para un presupuesto nacional, no es lo que debe tener un presupuesto como el nuestro y esta cantidad de oro se queda en los sindicatos mineros y en los grandes potentados que manejan el sur del país».

¿Qué hacer para detener esto?

El parlamentario lamentó que Bolívar esté desbastado debido a la minería ilegal y la presencia de grupos irregulares que solo se dedican «desbastar los ríos y la vida de los habitantes, la ecología» y añadió que existe un conflicto de poder político interno en Santa Elena.

«El gobierno de Justo Noguera, hay un problema con los sindicatos y están las ELN en el territorio, este es un problema gravísimo, que solo se va a resolver con el reflote de la economía del estado Bolívar».

Precisó que a través del Plan País han establecido que se reactiven las minas de hierro, de bauxita y las empresas procesadoras de acero y aluminio, «sería volver a una economía estable y erradicar la minería ilegal».

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, confirmó este jueves que el pasado 22 de noviembre una banda criminal masacró a 8 personas en el estado de Bolívar (sur, limítrofe con Brasil) para apoderarse de una zona en la que se practica la minería ilegal de oro.

Lea también: Fiscalía confirma 8 muertes en sur de Venezuela por control de minería ilegal

Asimismo, señaló que lo que genera un minero raso al mes son 300 y 400 dólares y que con la generación de un empleo formal en dólares que puedan realizar en la ciudad, «los mineros volverían a su casa, no van a ir a trabajar en las minas, porque tendrías un empleo formal que te va a dar mucho más de eso».

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Venezuela

Fiscalía confirma 8 muertes en sur de Venezuela por control de minería ilegal

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El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, confirmó este jueves que el pasado 22 de noviembre una banda criminal masacró a 8 personas en el estado de Bolívar (sur, limítrofe con Brasil) para apoderarse de una zona en la que se practica la minería ilegal de oro.

Lea también: Ferrocarriles y educación, sectores más afectados por la huelga en Francia

«Un grupo de personas presuntamente pertenecientes a una banda delictiva (…) ingresaron a la población de Ikabarú y dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, resultando de ello el fallecimiento de 8 personas y un herido», dijo el fiscal.

Fiscal general de Venezuela, Tarek Saab

En declaraciones ante periodistas, Saab explicó que entre los fallecidos estaba un sargento retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada) y un adolescente.

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«Los implicados en el ataque armado huyeron (…) en un vehículo que fue robado en ese momento», prosiguió e informó de la detención de ocho personas, entre ellos dos hombres de nacionalidad brasileña.

La ONG venezolana Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que al menos cuatro de los fallecidos eran indígenas de la etnia pemón, una comunidad asentada en esa zona.

Tanto el fiscal como la ONG aseguran que la banda responsable del ataque es liderada por un sujeto, conocido como alias El Ciego, que tiene orden de aprehensión y sigue prófugo.

En esta zona venezolana rica en oro y diamantes, se han registrado en los últimos tres años al menos cinco matanzas de mineros con un saldo de más de 20 fallecidos.

Además, en esta región se encuentra el Arco Minero del Orinoco, una zona especial declarada así por el Gobierno de Nicolás Maduro en 2016 para explotar unas 7.000 toneladas de riquezas.

Con información de EFE

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«Mibiturven y el Dgcim quisieron desalojar por la fuerza a 15 familias en El Callao»

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El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Manuel González hizo referencia este miércoles a una denuncia realizada por habitantes de la urbanización Santa Bárbara, en el Callao, al sur de Bolívar, en la que aseguran que la directiva de Mibiturven tiene meses intentan desalojar ilegalmente a 15 familias.

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En contacto telefónico, Betzy Baez habitante de esa zona indicó que desde el mes de abril hasta la fecha «han sido víctimas del atropello de estas personas» y dijo «nosotros tenemos más de 15 años viviendo en estas viviendas, esta urbanización la hizo la empresa Mineras Bonanza filial de Cristalex y le asignó 15 casas a sus trabajadores, fuimos asignados por los dueños de esa empresa y ahora Mibiturven quiere desalojarno de forma arbitraria».

Baez señaló «De forma arbitraria y muy violenta, la primera vez fueron con el Dgcim, encapuchados, con armas largas y cortas, amenazando y empujando a los niños, a las mujeres embarazadas no les importo nada».

«Nos dieron 5 días para desalojar y fue tan violento y horrible que los niños hasta se hicieron sus necesidades encima pensando que iban a matar a sus papás y a sus mamás. Luego fue Danitza Panfil y María Paula Rubio con sus escoltas y entraron a las casas y obligaron a firmar una solicitud de desalojo, bajo amenaza con armas».

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Las familias afectadas acudieron hasta la Fiscalía 15 en Tumeremo, municipio Sifontes y luego a la Fiscalía en Puerto Ordaz, pero en ninguna recibieron respuesta.

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