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600 detenidos en Moscú en nueva protestas por reclamos de participación electoral

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Al menos seiscientos manifestantes fueron detenidos este sábado en el centro de Moscú durante una segunda jornada de protestas de grupos opositores que reclaman participación en las próximas elecciones municipales para la Duma de la capital moscovita.

Entre los apresados por las fuerzas policiales está la líder opositora, Liobov Sóbol, quien fue detenida antes de llegar al punto fijado para la concentración opositora, el Anillo de los Bulevares, en pleno centro de la capital rusa.

La aspirante a la Duma de Moscú, Liobov Sóbol, fue detenida antes de llegar al punto de concentración opositora.

El ministerio del Interior comunicó que la protesta no había sido autorizada y que en torno a la manifestación se encontraban unas 1.500 personas, 600 de estas fueron detenidas por «diferentes infracciones», informó la agencia rusa RT en Español.

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El sector que hace oposición al gobierno de Putin, reclama el hecho de que la Comisión Electoral Central haya descalificado a una docena de candidatos independientes que aspiraban a participar en las venideras elecciones para la Duma, con el argumento «de haber superado el umbral de firmas inválidas, que habían presentado como prueba de apoyo público».

Las firmas recolectadas por una docena de candidatos aspirantes a la Duma, fueron invalidadas por el órgano electoral.

3.500 personas participaron en la anterior protestas por igual reclamo

El 27 de julio se produjo la primera protesta masiva en la que participaron unas 3 mil 500 personas, según informó la policía, que luego terminó en enfrentamientos con el resultados de 1.074 detenidos, incluyendo uno de los principales líderes opositores, Alexeí Navalni quien tuvo que ser hospitalizado de emergencia al presentar una intoxicación severa.

La agencia rusa informó que las autoridades de la capital han autorizado para el 10 de agosto otra manifestación a favor de la admisión de candidatos independientes en las elecciones municipales, con un máximo permitido de 100.000 manifestantes.

Los candidatos independientes reclaman participación en las elecciones de septiembre.

La mayoría de los candidatos que aspiran a las elecciones municipales están detenidos, acusados de «violar reiteradamente» las reglas sobre protestas y enfrentan además una multa de 300 mil rublos, el equivalente a unos 4.300 euros y 30 días de cárcel.

El Comité de Investigación, anunció este sábado la apertura de una causa penal contra el Fondo Anticorrupción, una organización que dirige Navalni, para detectar el blanqueo de capitales, según declaró una fuente al diario El País de España.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB, la antigua KGB) investiga ahora el vínculo de los principales líderes de la oposición extraparlamentaria —Liubov Sóbol; Dmitri Gudkov, exdiputado; Iliá Yashin y Serguéi Mitrojin, dirigente del partido liberal Yábloko— con organizaciones extranjeras.

Para los días 11 y 12 de julio fue autorizada una protesta opositora en la ciudad de Moscú, pero a la que sólo pueden participar 100.000 personas.

El Ayuntamiento de Moscú que administra a 12,5 millones de personas, tiene 45 escaños. Es responsable de un gran presupuesto municipal que ahora controla Rusia Unida, el partido del Gobierno. Sin embargo, la marca Rusia Unida está bastante dañada por la gestión y el malestar ciudadano. Así que sus candidatos concurrirán a los comicios como independientes.

Para poder presentarse a las elecciones, aquellos candidatos no respaldados por un partido político representado en la Duma Estatal deben recolectar unas 5.000 firmas —o las correspondientes al 3% de la ciudadanía registrada en el distrito o distritos que quieran representar—. Hasta ahora, la Comisión Electoral ha registrado a 200; todos respaldados por Rusia Unida; el partido del Gobierno.

Los analistas señalan que el Kremlin no permite que concurran candidatos opositores porque esto puede crear una corriente que se podría extender a más lugares del país.

RT en Español/ El País

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Empresas especializadas en imágenes satelitales vigilarán región amazónica de Brasil

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Gobierno brasileño contratará servicios de empresas de prospección especializadas en el monitoreo continuo mediante imágenes satelitales “orbitales ortorectificadas de alta resolución espacial para generar alertas diarias que muestren signos deforestación

El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) publicó  el jueves un aviso en el Boletín Oficial Federal en el que convoca a empresas especializadas en el suministro diario de imágenes satelitales de alta resolución para la generación de alertas tempranas de desforestación y por consiguiente de incendios.

Área quemada del Parque Chapada dos Guimarães, en Mato Grosso.

En el llamado público a licitación Nº 01/2019, Ibama explica la necesidad de contar con los servicios de empresas de prospección especializadas en el monitoreo continuo mediante imágenes satelitales “orbitales ortorectificadas de alta resolución espacial para generar alertas diarias que muestren signos deforestación”, tal y como se lee en el aviso.

La tala selectiva ha provocado la deforestación de miles de hectáreas en la región Amazónica,

En la convocatoria pública, firmada por el Director de Protección Ambiental de Ibama, Olivaldi Alves Borges de Azevedo, informó que el objetivo es  encontrar  una solución viable y operativa, además de “una gestión de acción más eficiente, efectiva y rápida de control ambiental para combatir la deforestación ilegal y la tala selectiva ilegal en la región amazónica . Para este fin, es necesario obtener alertas diarias de deforestación.”

Fuerza de Tarea de Amazona

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, confirmó el jueves la creación de la Fuerza de Tarea de Amazona que deberá incluir a otros ministerios y entidades gubernamentales del gobierno Federal de Brasil que operan en la región amazónica.

El titular de ambiente informó que había sobrevolado algunas regiones de Mato Grosso para monitorear los trabajos que se están realizando para combatir los incendios en ese estado. “La mayoría se encuentran en el área urbana y de las 10.000 hectáreas que fueron quemadas, unas 3.000 están ubicadas en Chapada dos  Guimarães.

Ministro de Ambiente de Brasil, Ricardo Salles.

Según el ministro, el gobierno federal apoyará a todos los estados que necesitan refuerzos federales debido a la quema. Más de 1,000 miembros de la brigada de Ibama y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMbio) están trabajando para contener las llamas en regiones críticas.

En declaraciones ofrecidas a la prensa de la región amazónica, afirmó que se había descubierto que la mayoría de los brotes de incendios se originaron “en áreas donde se concentra la basura, lo cual es «muy malo». «La mayor concentración de brotes aquí en la región está en el perímetro urbano, (…) por eso esta concentración de humo en la ciudad», agregó.

Las condiciones climáticas de Brasil, calor, poca humedad y vientos, han contribuido con la expansión de los incendios,

Solo en la Chapada dos Guimarães, según el ministro, hay 69 miembros de la brigada de Ibama y más de 20 miembros del Departamento de Bomberos del Estado de Mato Grosso. El fuego habría proliferado muy rápidamente en solo un día debido al calor, la baja humedad y el fuerte viento, según el ministro.

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700 mil hectáreas y mil 817 familias afectadas por incendios en Bolivia

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Al menos 1.817 familias y más de 700.000 hectáreas de bosques y pastizales han sido afectadas por los incendios en la zona de la Chiquitania, en la región boliviana de Santa Cruz, informaron este jueves fuentes oficiales.

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El ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta, explicó a los medios que la superficie incendiada en esa área, situada en el este del país, es de 744.711 hectáreas, lo que afecta a 35 comunidades en 11 municipios cruceños.

Además indicó que hasta mediodía de este jueves se reportaron ocho viviendas destruidas y un total de 1.817 familias afectadas por los incendios.

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Zavaleta brindó el informe en una rueda de prensa junto a los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, en Roboré, uno de los municipios cruceños más afectados desde donde se coordinan las operaciones para atender la emergencia.

La autoridad sostuvo que está en marcha el «plan Tajibo» para mitigar los incendios, para lo cual se han desplegado hasta ahora unas 2.439 personas de diferentes instituciones del Gobierno central, la Gobernación cruceña, las fuerzas de seguridad y los municipio afectados.

Las acciones se efectúan con el apoyo de 6 aeronaves, 126 vehículos operativos, 21 cisternas y ocho ambulancias que están distribuidas en los once municipios afectados, indicó Zavaleta.

Además señaló que el Ministerio de Salud envió 500 kilos de medicamentos a los centros de salud de los municipios afectados y se han repartido 17 toneladas de ayuda humanitarias para las personas afectadas y damnificadas.

«Debemos decir que no solo estamos enfrentando un incendio forestal, sino una sequía que abarca varios de estos municipios en la Chiquitania», subrayó Zavaleta.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó sobre los dos sobrevuelos que se realizaron en el lugar para verificar los focos de calor existentes.

«El dato preocupante de los incendios está concentrado cerca de la reserva de Otuquis, esta es una región que está siendo afectada severamente por los incendios, pero no solo comprende territorio boliviano, sino también territorio paraguayo y brasileño», afirmó Quintana.

La autoridad alertó de que cualquier intervención que se deba hacer en Bolivia para aplacar el fuego «inevitablemente tiene que también hacerse en territorio paraguayo y brasileño».

Con información de EFE

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Odebrecht pide a la Corte de México revisar amparos pedidos contra sanciones

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Odebrecht ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de México que analice sus impugnaciones a las sanciones que le impuso el Gobierno mexicano, alegando una «denegación sistemática» de justicia, dijo este jueves el director jurídico de la compañía para América Central y México, João Horst.

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«La estrategia es una solicitud a la Suprema Corte para que haga una atracción del caso dada la repercusión general que se puede dar por un tema procesal», dijo Horst aludiendo al desechamiento de amparos interpuestos por la constructora contra las sanciones que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El abogado indicó que la solicitud de «reasunción de competencia» a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentada el 21 de junio pasado, se basa en que el desechamiento de los recursos por parte de tribunales inferiores viola principios constitucionales y jurisprudencia del propio tribunal supremo.

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La solicitud también requiere que la SCJN se pronuncie sobre el fondo de las impugnaciones, según las cuales los procedimientos administrativos sancionadores de la SFP «carecen de fundamento», dijo Horst.

Por ello, consideró que la SCJN resolverá en breve si atrae el caso y determinará «si dicho desechamiento es legal o constituye parte de una elaborada estrategia diseñada desde la anterior administración para inhibir y evitar el debido esclarecimiento de los ilícitos confesados por Odebrecht».

En los acuerdos de cooperación celebrados con el Ministerio Público Federal de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos firmados en diciembre de 2016, Odebrecht reconoce pagos indebidos a servidores públicos en México y otros países.

Emilio Lozoya, ex director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex)

Las autoridades mexicanas investigan a Emilio Lozoya, quien fue director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016, por haber presuntamente recibido un soborno multimillonario de Odebrecht a cambio de concederle un contrato para modernizar una refinería.

Por otro lado, Horst señaló que de los ocho amparos promovidos por Odebrecht, uno derivó en un fallo emitido en noviembre de 2018 que anuló una inhabilitación por cuatro años para recibir contratos públicos, y ordenó reponer el proceso.

Indicó que el fallo obedeció a que la sanción anulada se basaba en un informe contable que no le fue facilitado a la empresa para su defensa. «El juez vio evidencia de una violación muy grave y muy obvia a un derecho tan básico y anuló ese procedimiento», precisó.

Con información de EFE

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