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Grupo de Lima creará ente para investigar a testaferros de Nicolás Maduro

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Los países miembros del Grupo de Lima aprobaron la creación de un ente que se encargue de investigar a los testaferros de Nicolás Maduro, quienes estén vinculados al narcotráfico y a la delincuencia organizada trasnacional.

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Este martes, los cancilleres de los países que conforman el «Grupo de Lima» se encontraron en la capital argentina, Buenos Aires para la 15º reunión del organismo, a la vez que se cumplen 6 de la proclamación del opositor Juan Guaidó como «presidente encargado», a quien los ministros le ratificaron el apoyo.

En un comunicado conjunto los representantes de las naciones destacaron los puntos acordados durante la jornada, en la que trataron el tema de violación de derechos humanos en Venezuela, por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Raúl Gorrín, presidente del canal televisivo Globovisión y socio financiero del chavismo, es acusado de lavado de dinero, conspiración y soborno por los Estados Unidos.

A la vez que «señalan la necesidad de promover igualmente una amplia investigación del apoyo que se ha brindado al régimen de Nicolás Maduro, a lo largo de los años, por parte de gobiernos y agrupaciones políticas de la región a través de esquemas trasnacionales de corrupción, narcotráfico y terrorismo».

La solución de Venezuela debe ser por ‘vía pacífica’

Los representantes defendieron su compromiso con que la solución a la crisis de Venezuela llegue por la vía pacífica.

«Siempre el uso de la fuerza será un recurso que quedará para el momento que corresponda», expresó el canciller argentino, Jorge Faurie, en declaraciones a la prensa tras celebrarse la reunión del grupo.

Mientras que en las conclusiones señaladas en el documento conjunto, resaltan que «la solución de la crisis pertenece a los venezolanos» y agregan que «la actual presencia en Venezuela de agentes militares, de seguridad y de inteligencia de países» que apoyan a Maduro es incompatible con ese principio.

A continuación el comunicado completo:

Comunicado Conjunto 024 – 19

Los Gobiernos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, reunidos en la ciudad de Buenos Aires, expresan lo siguiente:

1. Renuevan su respaldo al Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien hace seis meses la Asamblea Nacional de Venezuela le confió dicho cargo constitucional y destacan su indoblegable liderazgo en la lucha por recuperar la democracia a través de la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, y el cese de la usurpación del poder por parte del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro.

2. Reiteran su condena a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, represión, y negación de derechos primordiales, como la salud, la alimentación y la educación, entre otros, las que han quedado documentadas y confirmadas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, presentado en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Hacen suyas las conclusiones y recomendaciones del mencionado Informe. Además, coinciden en la necesidad de que se establezcan, a la mayor brevedad, los mecanismos apropiados de seguimiento y de investigación en el Consejo de Derechos Humanos.

3. Deciden remitir el mencionado Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, a fin de que éste sea tenido en consideración en el curso de los procedimientos que lleva adelante en virtud de la solicitud presentada por la Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en septiembre de 2018, posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania, la cual fue complementada en mayo de 2019.

4. Instan a que el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se discuta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y organismos internacionales.

Consideran que el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no deja margen para que algunos países sigan apoyando al régimen ilegitimo de Maduro, por lo que los exhortan a sumarse al compromiso del Grupo de Lima y contribuir para el retorno del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela, reiterándoles que su apoyo a la dictadura amenaza la estabilidad de toda la región.

5. Repudian la candidatura presentada por el régimen ilegítimo de Maduro, a nombre de Venezuela, para un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y requieren que, de ser electa, dicho asiento sea ocupado por el gobierno legítimo de Venezuela. Asimismo, expresan su apoyo a la candidatura de Brasil a dicho Consejo.

6. Deciden apoyar la solicitud de visita in loco en Venezuela realizada por el Presidente Guaidó a la Comisión Interamericana, y que fue aceptada por la propia institución, y exigen al régimen de facto el libre acceso a todos los lugares que deseen visitar así como todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar su vida e integridad física.

7. Respaldan la decisión del Presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de buscar una solución venezolana a la crisis de su país a través de los esfuerzos en curso e instan a la dictadura de Nicolás Maduro a no utilizar dichos procesos para dilatar la convocatoria de elecciones presidenciales con todas las garantías, a la mayor brevedad posible. En caso de no alcanzarse ese objetivo, se impondrán medidas de presión y sanciones adicionales.

8. Deciden apoyar, a través de sus órganos competentes, las investigaciones y acciones sobre la participación de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que los vincule con actividades ilícitas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, así como sobre el amparo que otorgan a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el impacto en la región de dichas actividades.

Acuerdan impulsar ante otros Estados comprometidos con la restauración de la democracia venezolana, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, la creación de mecanismos para coadyuvar en la documentación e investigación de hechos de corrupción, narcotráfico y graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, destacan la decisión del Gobierno argentino de establecer un mecanismo para recabar testimonios e información de los migrantes venezolanos sobre las posibles violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

9. Señalan la necesidad de promover igualmente una amplia investigación del apoyo que se ha brindado al régimen de Nicolás Maduro, a lo largo de los años, por parte de gobiernos y agrupaciones políticas de la región a través de esquemas trasnacionales de corrupción, narcotráfico y terrorismo.

10. Acuerdan continuar impulsando a través de gestiones y acercamientos con actores internacionales relevantes, como el Grupo Internacional de Contacto y la CARICOM, la convergencia en favor de una amplia convocatoria a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, que tendrá lugar el próximo 6 de agosto en Lima.

11. Señalan que la solución de la crisis en Venezuela pertenece a los venezolanos: ese principio es incompatible con la actual presencia en Venezuela de agentes militares, de seguridad y de inteligencia de países que apoyan al régimen dictatorial. En ese sentido, instan a esos países a que retiren tales agentes de Venezuela como condición para participar de cualquier diálogo sobre la crisis venezolana.

12. Reiteran su preocupación por el agravamiento del éxodo migratorio venezolano, que tiene matices trágicos por la expulsión forzosa de personas, y el impacto que ha generado en nuestros países, haciendo un llamado a continuar la coordinación regional, política y técnica y el trabajo conjunto con países donantes, organismos internacionales y financieros, y solicitaron que se incremente la ayuda financiera a los países de acogida para dar una respuesta efectiva a las necesidades de los migrantes.

13. Manifiestan su rechazo a los foros y movimientos -como el autodenominado “Foro de São Paulo”- que pretenden actuar en defensa del régimen dictatorial ilegítimo de Nicolás Maduro. Por eso, instan a las agrupaciones políticas verdaderamente comprometidas con la democracia, con los derechos humanos y con el Estado de derecho, en el hemisferio y en otras regiones, a que no participen de dicha línea de acción y a que, por el contrario, y a la luz del Informe de la ACNUDH, coadyuven al proceso de transición democrática en Venezuela.

Enfatizan que la crisis en Venezuela tiene una dimensión regional con impacto global y reiteran que el restablecimiento de la democracia en Venezuela es una condición necesaria para que América Latina pueda afirmarse en el camino de la libertad y prosperidad que desean sus pueblos.

14. Destacan la participación en esta reunión del Asesor Especial para Venezuela de la Unión Europea, del Ecuador y de El Salvador, con quienes se analizaron puntos de convergencia y posibles líneas de acción conjunta en pos de contribuir a una solución política, pacífica y democrática a la crisis venezolana.

15. Deciden continuar en sesión permanente y saludan el ofrecimiento de la República Federativa del Brasil de acoger la próxima reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima en fecha a definir.

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Los asistentes, también hicieron referencia al «terrible problema del éxodo que se ha generado en Venezuela. Más de cuatro millones de personas se han ido, muchos de ellos permaneciendo en nuestro continente».

Faurie instó a las delegaciones que forman parte de este encuentro a «hacer un gran esfuerzos para lograr el restablecimiento del orden democrático a través de la convocatoria a elecciones».

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Empresas especializadas en imágenes satelitales vigilarán región amazónica de Brasil

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Gobierno brasileño contratará servicios de empresas de prospección especializadas en el monitoreo continuo mediante imágenes satelitales “orbitales ortorectificadas de alta resolución espacial para generar alertas diarias que muestren signos deforestación

El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) publicó  el jueves un aviso en el Boletín Oficial Federal en el que convoca a empresas especializadas en el suministro diario de imágenes satelitales de alta resolución para la generación de alertas tempranas de desforestación y por consiguiente de incendios.

Área quemada del Parque Chapada dos Guimarães, en Mato Grosso.

En el llamado público a licitación Nº 01/2019, Ibama explica la necesidad de contar con los servicios de empresas de prospección especializadas en el monitoreo continuo mediante imágenes satelitales “orbitales ortorectificadas de alta resolución espacial para generar alertas diarias que muestren signos deforestación”, tal y como se lee en el aviso.

La tala selectiva ha provocado la deforestación de miles de hectáreas en la región Amazónica,

En la convocatoria pública, firmada por el Director de Protección Ambiental de Ibama, Olivaldi Alves Borges de Azevedo, informó que el objetivo es  encontrar  una solución viable y operativa, además de “una gestión de acción más eficiente, efectiva y rápida de control ambiental para combatir la deforestación ilegal y la tala selectiva ilegal en la región amazónica . Para este fin, es necesario obtener alertas diarias de deforestación.”

Fuerza de Tarea de Amazona

El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, confirmó el jueves la creación de la Fuerza de Tarea de Amazona que deberá incluir a otros ministerios y entidades gubernamentales del gobierno Federal de Brasil que operan en la región amazónica.

El titular de ambiente informó que había sobrevolado algunas regiones de Mato Grosso para monitorear los trabajos que se están realizando para combatir los incendios en ese estado. “La mayoría se encuentran en el área urbana y de las 10.000 hectáreas que fueron quemadas, unas 3.000 están ubicadas en Chapada dos  Guimarães.

Ministro de Ambiente de Brasil, Ricardo Salles.

Según el ministro, el gobierno federal apoyará a todos los estados que necesitan refuerzos federales debido a la quema. Más de 1,000 miembros de la brigada de Ibama y el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMbio) están trabajando para contener las llamas en regiones críticas.

En declaraciones ofrecidas a la prensa de la región amazónica, afirmó que se había descubierto que la mayoría de los brotes de incendios se originaron “en áreas donde se concentra la basura, lo cual es «muy malo». «La mayor concentración de brotes aquí en la región está en el perímetro urbano, (…) por eso esta concentración de humo en la ciudad», agregó.

Las condiciones climáticas de Brasil, calor, poca humedad y vientos, han contribuido con la expansión de los incendios,

Solo en la Chapada dos Guimarães, según el ministro, hay 69 miembros de la brigada de Ibama y más de 20 miembros del Departamento de Bomberos del Estado de Mato Grosso. El fuego habría proliferado muy rápidamente en solo un día debido al calor, la baja humedad y el fuerte viento, según el ministro.

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700 mil hectáreas y mil 817 familias afectadas por incendios en Bolivia

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Al menos 1.817 familias y más de 700.000 hectáreas de bosques y pastizales han sido afectadas por los incendios en la zona de la Chiquitania, en la región boliviana de Santa Cruz, informaron este jueves fuentes oficiales.

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El ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta, explicó a los medios que la superficie incendiada en esa área, situada en el este del país, es de 744.711 hectáreas, lo que afecta a 35 comunidades en 11 municipios cruceños.

Además indicó que hasta mediodía de este jueves se reportaron ocho viviendas destruidas y un total de 1.817 familias afectadas por los incendios.

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Zavaleta brindó el informe en una rueda de prensa junto a los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, en Roboré, uno de los municipios cruceños más afectados desde donde se coordinan las operaciones para atender la emergencia.

La autoridad sostuvo que está en marcha el «plan Tajibo» para mitigar los incendios, para lo cual se han desplegado hasta ahora unas 2.439 personas de diferentes instituciones del Gobierno central, la Gobernación cruceña, las fuerzas de seguridad y los municipio afectados.

Las acciones se efectúan con el apoyo de 6 aeronaves, 126 vehículos operativos, 21 cisternas y ocho ambulancias que están distribuidas en los once municipios afectados, indicó Zavaleta.

Además señaló que el Ministerio de Salud envió 500 kilos de medicamentos a los centros de salud de los municipios afectados y se han repartido 17 toneladas de ayuda humanitarias para las personas afectadas y damnificadas.

«Debemos decir que no solo estamos enfrentando un incendio forestal, sino una sequía que abarca varios de estos municipios en la Chiquitania», subrayó Zavaleta.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó sobre los dos sobrevuelos que se realizaron en el lugar para verificar los focos de calor existentes.

«El dato preocupante de los incendios está concentrado cerca de la reserva de Otuquis, esta es una región que está siendo afectada severamente por los incendios, pero no solo comprende territorio boliviano, sino también territorio paraguayo y brasileño», afirmó Quintana.

La autoridad alertó de que cualquier intervención que se deba hacer en Bolivia para aplacar el fuego «inevitablemente tiene que también hacerse en territorio paraguayo y brasileño».

Con información de EFE

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Odebrecht pide a la Corte de México revisar amparos pedidos contra sanciones

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Odebrecht ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de México que analice sus impugnaciones a las sanciones que le impuso el Gobierno mexicano, alegando una «denegación sistemática» de justicia, dijo este jueves el director jurídico de la compañía para América Central y México, João Horst.

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«La estrategia es una solicitud a la Suprema Corte para que haga una atracción del caso dada la repercusión general que se puede dar por un tema procesal», dijo Horst aludiendo al desechamiento de amparos interpuestos por la constructora contra las sanciones que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El abogado indicó que la solicitud de «reasunción de competencia» a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentada el 21 de junio pasado, se basa en que el desechamiento de los recursos por parte de tribunales inferiores viola principios constitucionales y jurisprudencia del propio tribunal supremo.

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La solicitud también requiere que la SCJN se pronuncie sobre el fondo de las impugnaciones, según las cuales los procedimientos administrativos sancionadores de la SFP «carecen de fundamento», dijo Horst.

Por ello, consideró que la SCJN resolverá en breve si atrae el caso y determinará «si dicho desechamiento es legal o constituye parte de una elaborada estrategia diseñada desde la anterior administración para inhibir y evitar el debido esclarecimiento de los ilícitos confesados por Odebrecht».

En los acuerdos de cooperación celebrados con el Ministerio Público Federal de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos firmados en diciembre de 2016, Odebrecht reconoce pagos indebidos a servidores públicos en México y otros países.

Emilio Lozoya, ex director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex)

Las autoridades mexicanas investigan a Emilio Lozoya, quien fue director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016, por haber presuntamente recibido un soborno multimillonario de Odebrecht a cambio de concederle un contrato para modernizar una refinería.

Por otro lado, Horst señaló que de los ocho amparos promovidos por Odebrecht, uno derivó en un fallo emitido en noviembre de 2018 que anuló una inhabilitación por cuatro años para recibir contratos públicos, y ordenó reponer el proceso.

Indicó que el fallo obedeció a que la sanción anulada se basaba en un informe contable que no le fue facilitado a la empresa para su defensa. «El juez vio evidencia de una violación muy grave y muy obvia a un derecho tan básico y anuló ese procedimiento», precisó.

Con información de EFE

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