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Venezuela

Cinco fallecidos y más de 150 heridos se registran en fronteras venezolanas

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Karina Peraza Rodríguez/Adriana Tovar / Jhoalys Siverio


23 de febrero,  llegó el día para que la Ayuda Humanitaria ingresara a Venezuela, pero los bloqueos por parte del Gobierno Nacional hicieron que los enfrentamientos arreciaran en la frontera colombo – venezolana y hacia Brasil, terminando con un saldo al final de la tarde de 5 fallecidos y más de 150 personas heridas.

Todo comenzó el 22 de enero cuando a horas de la madrugada una comisión de la Guardia Nacional ingresó a Santa Elena de Uairén y disparó contra la comunidad de los indígenas pemones, un proyectil impacto contra una mujer y la mató, además hirieron a doce personas, situación que caldeó los ánimos de los pemones y generó un enfrentamiento.

La represión en la frontera con Brasil (Foto: Priscilla Tórres de Folha BV)

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Un puesto de la Guardia fue quemado por los indígenas y al menos cinco militares entre ellos el comandante de la GNB de Santa Elena de Uairén fue retenido por los pemones.

Desde las 4 de la tarde del 23 de enero y de forma arbitraria se encuentran detenidos ocho indígenas de la comunidad Kumarakapay, se tratan de: Ernesto Pulido Rodríguez, sub capitán, Aldemaro Pérez, Salvador Franco, Helio Lambos, Leonel Rossi, Robert García, Marcelio Fernández, Radamel Gómez y Sergio García

Mientras se trataba de pasar la ayuda humanitaria por Pacaraima, ciudad fronteriza de Roraima en Brasil, se generaron enfrentamientos fuertes contra la Guardia Nacional, posteriormente  a estos acontecimientos fue más fuerte tanto así que hasta grupos colectivos arremetieron y tampoco permitieron el paso de la ayuda humanitaria.

En el estado Bolívar fue un total de 4 personas fallecidas entre el 22 y 23 de enero.

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La entrada de primer vehículo con ayuda humanitaria. Fotografía ; Priscilla Torres de Folha BV.

En cuanto a la frontera colombo venezolana, la misma fue cerrada desde la noche del 22 de enero cuando fue anunciado por el Gobierno de Nicolás Maduro, este 23 de enero específicamente en el puente Simón Bolívar  se registró el primer incidente cuando una ballena de la Guardia Nacional impactó las barandas de la frontera allí bajaron tres militares quienes entregaron sus armas y pasaron la frontera se pusieron a la orden de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República de Venezuela.

Posterior a estos incidentes se fueron sumando más y más funcionarios la última cifra reportada por el Departamento de Migración Colombiana fue de 19 Guardias Nacionales, dos funcionarias de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y uno de la Armada Venezolana, un total de 23 funcionarios venezolanos.

En horas de la tarde Juan Guaidó luego de una rueda de prensa arrancaron las gandolas con la ayuda humanitaria que ingresaría a Venezuela, los diputados que iban frente a las caravanas entre ellos Gaby Arellano comenzaron a mediar con los policías para que abrieran paso pero estos no cedieron  y comenzaron a disparar bombas lacrimógenas, así como disparar perdigones para dispersar a la multitud de personas que acompañaban las gandolas.

Posterior a ello se registró la quema de una de los vehículos que traía ayuda humanitaria por parte de organismos de seguridad de Venezuela, situación que empeoró el enfrentamiento.

En todo el estado Táchira y hacia las fronteras comenzaron a aparecer grupos de colectivos, los cuales comenzaron a arremeter contra civiles que estaban en la frontera, registrándose una cantidad de más de 131 heridos según reportaban autoridades colombianas, al menos dos de gravedad y una persona fallecida en el puente Simón Bolívar.  

Los enfrentamientos continuaban en las fronteras pasada las 7 de la noche y las denuncias reiterativas era de la presencia de grupos de colectivos en las zonas.

Imágenes cortesía de Folha BV

Venezuela

«Guaidó debería rendir cuentas ante la AN sobre el dinero que le ha dado la Usaid»

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El internacionalista Lauren Caballero indicó este sábado que Juan Guaidó debería «rendir cuentas pública y pulcramente, sobre el uso que se le ha dado a los recursos otorgados por Usaid» desde el año 2017.

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Hace unos días, Usaid emitió un comunicado en el que indicó que desde el año fiscal 2017, EEUU ha proporcionado más de $654 millones de dólares en asistencia humanitaria y de desarrollo para abordar la crisis causada por Maduro. «Esto incluye casi $467 millones en asistencia humanitaria y de desarrollo para apoyar a los venezolanos que han huido de la crisis y a las comunidades de toda la región que los reciben, así como más de $184 millones para los venezolanos dentro de Venezuela».

Al ser consultado sobre la repercusión que esta asignación de recursos ha tenido sobre el país latinoamericano, Caballero consideró: Las implicaciones que tiene para el país, entiéndase la gente común y corriente, son mínimas. A pesar de que la agencia ha afirmado que ha colocado estos millones de dólares en Venezuela para atender la crisis humanitaria, esa cantidad pareciera ser muy poca.

«El destino de esos fondos también es turbio, como lo son también las erogaciones que se han hecho para «apoyar la lucha por la democracia en Venezuela». El origen de los fondos, en definitiva, se conoce. Lo mismo ocurre con los intermediarios, se conocen , aunque muy opacamente, pero el destino final de los fondos no se sabe a ciencia cierta cuál es».

«No se notan en absoluto los efectos positivos que para los venezolanos tienen esos desembolsos. El país hoy sigue sumido en una terrible crisis humanitaria, continúan escaseando medicamentos cuando no son impagables. Lo mismo ocurre con alimentos y servicios en general», agregó.

AME8150. UREÑA (VENEZUELA), 23/02/2019.- Personas intentan sacar parte de la ayuda humanitaria que se encuentra un camión que fue quemado, este sábado, en Ureña (Venezuela). Dos camiones con ayuda humanitaria solicitada por la oposición fueron quemados por la Policía Nacional Bolivariana en el lado venezolano del puente Francisco de Paula Santander, que conecta al país con Colombia, denunció la diputada Gaby Arellano. EFE/ Deibison Torrado

«Debería hacerse contraloría a las organizaciones que reciben estos recursos»

El también analista político, destacó que estos recursos deberían ser cometidos al escrutinio ciudadano, al de los medios y al de investigadores y resaltó «sería interesante que existieran algunos mecanismos que permitiesen hacer contraloría a las organizaciones que han recibido los fondos, de manera que se tenga una idea clara sobre el destino final de los mismos y su impacto real sobre la crisis».

Asimismo, recordó que una parte importante de los recursos ha sido para apoyar a los migrantes venezolanos, bien porque se le transfieren fondos directamente a gobiernos de la región, como el caso de Colombia, o porque se continúa con la metodología de transferencia mediante ONG y privados; al respecto, dijo: Esto hace más cuesta arriba el trabajo de control, porque más allá de las fronteras los venezolanos no tienen mucho margen para pedir cuentas.

Caballero estimó que es un tema «delicado» y acotó «parece apuntar que ahora EEUU va a financiar algunos medios de comunicación, esto podría prestarse para elevar los niveles de polarización, ya alarmantes de por sí que existen en Venezuela».

USAID explica: 

De estos $654 millones, USAID ha proporcionado más de $435 millones; nuestros esfuerzos se detallan a continuación:

* Fuera de Venezuela (más de $277 millones): Estados Unidos está apoyando los esfuerzos de respuesta en 16 países, incluyendo a Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. La cooperación de EE.UU. ayuda a satisfacer las necesidades humanitarias más urgentes, detener la propagación de enfermedades infecciosas y apoyar a las comunidades que albergan venezolanos en condición vulnerable. Con nuestros socios humanitarios, brindamos asistencia alimentaria y de salud de emergencia, refugio, agua potable y artículos de ayuda críticos, entre otros esfuerzos. USAID también está trabajando para aumentar la capacidad a largo plazo de los países afectados para responder a la gran afluencia de venezolanos, fortaleciendo y expandiendo los servicios sociales, brindando soporte técnico a las autoridades nacionales de migración y creando nuevas oportunidades económicas en las comunidades que albergan a venezolanos.

* Dentro de Venezuela (más de $158 millones): Dentro de Venezuela, USAID está proporcionando más de $30 millones en asistencia humanitaria para salvar vidas a través de organizaciones imparciales, tanto internacionales como locales. Además, USAID ha comprometido $128 millones para apoyar a defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, medios independientes y supervisores electorales en Venezuela, así como para ayudar al gobierno interino y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente a seguir desarrollando planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia. Cuando el ilegítimo régimen de Maduro desaparezca, los fondos apoyarán los esfuerzos de recuperación, liderados por una administración venezolana elegida democráticamente. USAID apoyará la restauración de la atención médica completamente destruida por la mala gestión y corrupción de Maduro y sus compinches, y el trabajo crítico en agricultura para ayudar a reconstruir la producción y distribución de alimentos en el sector privado en Venezuela.

«El uso del dinero de Usaid deja muchas interrogantes»

Por su parte, el también internacionalista Marcos Morin Aguirre explicó que Usaid ha sido cuestionada por algunos gobiernos de izquierda por «ser una organización que da dinero a algunos gobiernos que buscan cambios políticos» y agregó que en el caso de la relación que ha sostenido con el gobierno interino de Guaidó ha manifestado 2 posturas diferentes, al decir en diciembre que los fondos no eran administrados por Guaidó y luego hace unos días indicó que si le han dado dinero a través de organizaciones.

«No queda claro a dónde fueron a parar esos recursos y por el lado de la oposición tendría que haber una contraloría bien clara de cómo se manejan y cómo son administrados y otorgados esos recursos, de cómo son distribuidos según los gastos de la AN y lo que han gastado en asesores técnicos, personas en el exterior que realizan actividades en materia de ayuda humanitaria», expresó.

«El tema es una cuestión que genera muchas interrogantes porque la postura no concreta de la Usaid y las denuncias que se han hecho en Venezuela dejan entre ver que no ha habido un manejo muy claro de esos fondos y le tocaría al gobierno interino mostrar en qué se ha gastado ese dinero de la ayuda humanitaria».

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También, refirió a Humberto Calderon Berti y destacó «Calderón Berti alertó que había graves faltas y fallas en el manejo de los recursos de la ayuda humanitaria y esto podría tener algún tipo de repercusión, tal vez alguna investigación, pero eso hay que esperar a ver qué sucede, porque en estos procesos no se sabe cuándo explota, porque pueden haber denuncias y quejas, pero cuando la investigación es sería se da a conocer el resultado», aseveró.

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Venezuela

«13 pemones, entre ellos un menor están detenidos y se le violan todos sus derechos»

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El coordinador del Foro Penal para poblaciones indígenas, Olnar Ortiz denunció este viernes que un grupo de 13 pemones están detenidos en la cárcel de Boleíta, en Caracas y se les ha violado el derecho al debido proceso y a sus derechos humanos en general.

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En entrevista concedida a Eknuus, Ortiz explicó que estos 13 indígenas fueron involucrados y engañados en el caso de Luepa, el pasado 22 de diciembre y dijo «ellos se entregaron, porque fueron engañados, a ellos les dijeron que los buscaron para una jornada de trabajo».

Según el representante del Foro Penal, ellos decidieron entregarse por voluntad propia al comando de la policía de Kumarakapay y agregó «allí ya estaba el Dgcim y otros organismos de la zona requisando y los maltrataron y los sacaron de la comunidad y eso es lo que hemos venido denunciando, se le ha violado el derecho al debido proceso, a la presentación, ellos duraron más de 5 días antes de ser presentados en el Tribunal militar que además, se constituyó de la noche a la mañana».

Al consultar diarios locales, este jueves 16 de enero los representantes de la ONG Foro Penal, se pronunciaron para denunciar las arbitrariedades de las que han sido víctimas lo más de 13 indígenas detenidos el pasado mes diciembre por su participación en la llamada «Operación Aurora».

Ortiz precisó que se eliminó todo el procedimiento y declinaron las competencias al Tribunal cuarto de terrorismo y los trasladaron a Caracas, además, rechazan que no han podido acceder a ellos en calidad de abogados y que se les asignó sin su consentimiento defensores públicos. «Además, colocaron un interprete el cual ha sido cuestionado y tiene un procedimiento abierto por asesinato a uno de los excapitanes de la comunidad».

Un grupo de militares sublevados de la llamada «Operación Aurora», una acción que se llevó a cabo en un puesto militar del municipio Gran Sabana en el estado Bolívar a finales de 2019, publicaron este viernes un nuevo video en el que exhortan a la comunidad y a los países democráticos a dejar la «hipocresía» y a tomar acciones concretas respecto al tema Venezuela.

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Además, destacó que fue este miércoles 15 de enero cuando permitieron que se les hiciera llegar ropa para que se cambiaran, desde que fueron detenidos el 22 de diciembre. «Los abogados de la causa no los hemos visto ni sus familiares», sentenció.

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«Esperamos que el TSJ ilegítimo no cumpla con la sentencia que viola la autonomía universitaria»

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Jesús Mendoza, consejero universitario de la Facultad de Odontología de la UCV manifestó este sábado que en 2020 esperan seguir luchando en favor de la autonomía universitaria y que «el TSJ ilegítimo no cumpla la sentencia 0324».

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En entrevista concedida a Eknuus, Mendoza destacó que la sentencia debe cumplirse este 28 de febrero, pese a rumores que hablaban de una extensión de 6 meses, «pero esto nunca fue oficial».

«Queremos que el TSJ ilegítimo no cumpla con la sentencia que viola la autonomía universitaria porque es inconstitucional, esta sentencia fue ratificada hace dos meses y nosotros estaremos alertas en las calles defendiendo la libertad de nuestro país y a nuestras universidades», expresó.

Asimismo, aseveró que el movimiento estudiantil tuvo un 2019 «muy difícil» y esperan que la sociedad venezolana integrada por profesores, enfermeras, militares y civiles se unan para acompañar la lucha universitaria y «lograr el cambio político en Venezuela, a través del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres».

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La Sala Constitucional del TSJ ratificó el 27 de noviembre la sentencia 324, de fecha 27 de agosto, y que ordena la renovación de las autoridades rectorales en la UCV dentro de un plazo de meses. La sentencia, a cargo de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, ratifica cada una de las partes de la sentencia 324 y que incluye la suspensión de los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades. Según esta decisión, las universidades deben realizar elecciones antes del 27 de febrero.

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